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En la Corte por decreto: Lijo deberá esperar, pero García Mansilla pudo debutar

  • por
  • FARCO


Escuchar/Descargar el reporte desde Radio Ahijuna de Quilmes, Buenos Aires.

Ariel Lijo deberá esperar para asumir por decreto como miembro de la Corte Suprema de Justicia ya que la misma rechazó su pedido de licencia y ahora deberá renunciar como juez federal para poder tomar su lugar en el máximo tribunal de Justicia.

El Gobierno buscaba rapidez en pleno tembladeral de las denuncias por la estafa cripto y el supremo Lorenzetti, necesitaba un aliado, pero quedó solo en minoría. La decisión fue en consenso entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante y cuestionado Manuel García Mansilla, que en su primera reunión metió el gancho en una resolución inesperada.

Radio Ahijuna dialogó con Emanuel Desojo, abogado y asesor en derecho constitucional, dijo que Mansilla y Lijo en estas condiciones “son jueces que no pueden trabajar de manera independiente cuando dependen de sus votos para continuar o no en el cargo”.

Milei mañana se levanta enojado porque resolvieron un caso de forma que no le resulta favorable a él o dentro de su parámetro ideológico y eso es suficiente para que él haga un decreto y saque a Lijo y a Mancilla y ponga a otros dos jueces además. Esa es la arbitrariedad”, criticó.

Todo está en juego, ahora seguirán a la espera de que el Senado se pronuncie respecto de sus pliegos. “Si los rechaza el Senado, esos jueces perdieron la cualidad para poder seguir siendo jueces de la Corte Suprema”, afirmó Desojo.

Por último, señaló que la Cámara alta “tiene la posibilidad de destrabar esta situación bochornosa para terminar con estas designaciones a dedo y provisorias en la Corte Suprema”.

Mientras tanto, en la Justicia Federal de La Plata sigue en pie una causa judicial promovida por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS) y el abogado Fernando Cabaleiro, que cuestiona la constitucionalidad del decreto 137/2025 que designó a Lijo y García Mansilla en comisión. Ahora le exige tres días al gobierno para sus argumentaciones.

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